Saltillo, Coahuila.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) aplaudió la reciente iniciativa aprobada por el Congreso del Estado que permite investigar los comercios de origen chino que operan en la entidad. Según el presidente de la Canaco, Óscar Mario Medina Martínez, estas acciones buscan frenar la competencia desleal que estas tiendas representan para el comercio establecido, debido a su presunta operación en la clandestinidad fiscal y laboral.
Auditorías para frenar irregularidades
El decreto aprobado por el Congreso habilita a las autoridades a realizar auditorías para verificar si estos negocios están registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), si pagan los impuestos correspondientes y si tienen a sus trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Estas auditorías permitirán identificar las irregularidades y aplicar sanciones a quienes no cumplan con la normatividad vigente. Esto no solo busca detener el crecimiento desmedido de estos comercios, sino también proteger a los trabajadores al garantizar que tengan acceso al seguro social y a otros beneficios laborales”, explicó Medina Martínez.

Decomisos como parte de la estrategia federal
Además de las acciones locales, el presidente de la Canaco destacó que el Gobierno Federal también ha comenzado a actuar contra estas irregularidades. Mencionó que recientemente, en un puerto marítimo, se decomisó mercancía procedente de China que se sospecha no cumplió con el pago de impuestos.
“Este tipo de operativos demuestra que las quejas del comercio organizado están siendo escuchadas. Ahora necesitamos que estas acciones sean constantes y se traduzcan en resultados concretos que beneficien a los comerciantes establecidos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales”, puntualizó.
Problemas detectados en los comercios chinos
Entre las irregularidades más comunes denunciadas por los comerciantes organizados, Medina Martínez señaló que muchos de estos establecimientos no emiten tickets de compra con registro fiscal. En su lugar, los recibos están en idioma chino, lo que imposibilita rastrear las transacciones y verificar su cumplimiento tributario.
“Estos comercios no pagan IMSS, Infonavit ni Afore. Eso les permite ofrecer precios más bajos, ya que su único gasto significativo es el pago de salarios, lo que constituye una competencia desleal para los negocios que sí cumplen con todas sus obligaciones”, enfatizó.
Expectativa por la actuación de las autoridades
Con la legislación ya en marcha, Medina Martínez subrayó que ahora la responsabilidad recae en la SHCP y el IMSS para llevar a cabo las auditorías correspondientes y sancionar a quienes estén incumpliendo la ley.
“Sabemos que encontrarán serias anomalías. Estas auditorías no solo deben ser un mensaje claro contra la ilegalidad, sino también una forma de nivelar las condiciones para todos los comerciantes. Queremos un comercio justo, donde todos cumplamos con las mismas reglas”, indicó.
Impacto en el comercio organizado
El dirigente de la Canaco señaló que esta competencia desleal ha afectado gravemente al comercio local, especialmente en el contexto de una economía aún en recuperación tras los desafíos recientes. Confiaron en que las acciones derivadas de esta iniciativa permitirán fortalecer al sector y generar un impacto positivo en la economía de la región.
“Estas medidas son un paso importante para que los comercios establecidos puedan competir en igualdad de condiciones. También buscamos proteger a los trabajadores y garantizar que todos los negocios aporten al desarrollo del país”, concluyó Medina Martínez.
Conclusión: Un paso hacia el comercio justo
La iniciativa del Congreso del Estado para investigar y regular a los comercios de origen chino es una medida necesaria para garantizar la justicia fiscal y laboral. Con la actuación de las autoridades, se espera no solo frenar las irregularidades, sino también fortalecer el comercio organizado y proteger a los trabajadores. Esta acción es un ejemplo de cómo el cumplimiento de la ley beneficia a todos, creando un entorno más equitativo y transparente para el desarrollo económico.