El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que Grupo Elektra, propiedad de Grupo Salinas, deberá pagar 2 mil millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2012.
Ante esta resolución, Grupo Salinas condenó el fallo al considerarlo ilegal y guiado por intereses políticos, y anunció que solicitará la revisión constitucional del caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la empresa del empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que:
“Esta resolución muestra una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas.”
El grupo afirmó que continuará su defensa “hasta las últimas instancias”, siempre dentro del marco legal, para impugnar lo que califica como “cobros ilegales, abusivos y desproporcionados”.
Grupo Salinas fue más allá y acusó directamente al sistema de justicia de actuar bajo consigna. Señaló que el fallo del tribunal:
- Es ilegal, ya que omite lo establecido en la Ley del ISR vigente en 2012
- Viola el debido proceso, al no remitir el asunto a un tribunal distinto pese a “impedimentos procesales”
- Exhibe un “sesgo a favor del SAT”, al ignorar, según su dicho, “pruebas claras de ilegalidad”
“El sesgo del tribunal confirma un patrón alarmante: aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al SAT, legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios.”
Finalmente, Grupo Salinas reafirmó que buscará la protección de la SCJN, donde presentará un recurso de revisión constitucional, alegando la existencia de violaciones al debido proceso y una interpretación parcial de la ley fiscal.
La resolución representa un nuevo capítulo en la larga batalla legal entre Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ha reclamado varios adeudos fiscales de distintas empresas del conglomerado.
