El sector automotriz mexicano, un pilar esencial en la economía nacional, enfrenta desafíos significativos debido a los decretos de regularización de vehículos de procedencia extranjera conocidos como “autos chocolate”. En este contexto, el Senador Miguel Riquelme Solís ha alzado la voz en defensa de Coahuila, uno de los estados más afectados por estas políticas que, según su perspectiva, generan más problemas que beneficios.
Coahuila: un motor de la industria automotriz nacional
Coahuila destaca como un referente en la industria automotriz de México, siendo líder en la producción de vehículos y autopartes para el mercado internacional. Este estado atrae el 28% de la inversión extranjera directa destinada a este sector, un indicador de su relevancia estratégica. Sin embargo, la regularización de “autos chocolate” amenaza esta posición privilegiada.
Riquelme Solís enfatizó que estos decretos impactan directamente en la economía de su estado natal. La presencia de vehículos usados y de dudosa procedencia fomenta el contrabando, reduce la recaudación fiscal federal y afecta la generación de empleos relacionados con la industria automotriz. Para Coahuila, la situación es crítica, considerando su papel como centro de producción para la electromovilidad y la exportación hacia Estados Unidos y Canadá desde ciudades fronterizas como Acuña y Piedras Negras.
Los decretos y su efecto en la industria
La prórroga del decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, vigente ahora hasta noviembre de 2025, es motivo de debate. Aunque el propósito inicial era apoyar a las familias de bajos recursos que necesitan un medio de transporte accesible, su aplicación ha derivado en un mercado abierto para autos de procedencia extranjera sin un control efectivo. Según Riquelme, esto ha provocado un aumento de grandes tianguis de autos importados que operan al margen de las normas, perjudicando a los fabricantes y proveedores nacionales.
La industria automotriz en Coahuila ya resiente el impacto: reducción en las horas laborales, pausas en la producción y una incertidumbre generalizada. Estas repercusiones afectan no solo a los trabajadores directos del sector, sino también a las comunidades que dependen de este motor económico.
Un problema de alcance nacional
Aunque Coahuila es uno de los estados más afectados, el problema de los “autos chocolate” trasciende fronteras estatales. En todo el país, la presencia de estos vehículos plantea retos económicos, sociales y de seguridad. Los autos que ingresan de manera irregular suelen no cumplir con los estándares de emisiones ni de seguridad, lo que representa riesgos adicionales para los conductores y peatones.
Asimismo, la saturación del mercado con vehículos baratos y de baja calidad desplaza a los productos nacionales, debilitando a la industria automotriz mexicana, un sector que contribuye significativamente al PIB nacional.
¿Una solución a largo plazo?
El Senador Riquelme reconoció que los decretos de regularización pueden tener un propósito legítimo: ayudar a las familias de bajos recursos. Sin embargo, subrayó que estas políticas deben tener una duración limitada y una implementación rigurosa. “Es importante que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan y que no se convierta en un incentivo para el contrabando y el comercio desleal”, afirmó.
Propuso que, en lugar de prórrogas recurrentes, se diseñen estrategias que equilibren la regulación de vehículos usados con la protección de la industria automotriz. Esto incluiría medidas como incentivos fiscales para la compra de autos nacionales y programas de financiamiento accesibles para las familias de menores ingresos.
El llamado a la acción
El caso de Coahuila ejemplifica la necesidad de revisar las políticas públicas relacionadas con la importación de vehículos. La voz del Senador Riquelme resalta una inquietud compartida por muchas entidades federativas: cómo balancear los intereses de los sectores productivos con las necesidades sociales.
En última instancia, la regularización de “autos chocolate” debe evaluarse en función de su impacto a largo plazo, no solo en la economía de estados clave como Coahuila, sino también en el desarrollo sostenible del país.
