Monclova, Coahuila, 25 de junio de 2025.– El dirigente del movimiento por la defensa de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), Julián Torres Ávalos, propuso que el gobierno federal participe económicamente en la liquidación de los empleados de la siderúrgica, en caso de que la venta de la empresa no sea suficiente para cumplir con lo estipulado en los Contratos Colectivos de Trabajo.
Según Torres Ávalos, existen solo dos vías para que los obreros reciban una liquidación justa: que se confisque la fortuna de Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de AHMSA, o que el gobierno federal cubra la diferencia que falte tras la venta de los activos de la acerera.
“Si para avanzar se requiere la intervención de la Presidencia de la República, que se haga. No podemos seguir así. Necesitamos una solución inmediata y la garantía de que la liquidación será conforme a los Contratos Colectivos de Trabajo, no conforme a la Ley de Quiebras”, declaró Torres Ávalos.
Ex trabajadores se plantarán en oficinas federales
El líder de esta fracción de ex trabajadores informó que en los próximos días viajarán a la Ciudad de México para realizar plantones en diversas dependencias federales, con el objetivo de exponer su situación y exigir respuestas claras ante el prolongado silencio tanto del síndico como de autoridades involucradas.
Afirmó que la paciencia de los trabajadores se agotó, pues consideran que hasta ahora solo han recibido declaraciones sin sustento y ninguna acción concreta para resolver su situación.
“El gobierno ha ayudado a migrantes, ¿por qué no a nosotros?”
Torres Ávalos comparó el caso de los ex obreros de AHMSA con los apoyos otorgados por el gobierno federal a personas migrantes centroamericanas.
“Si con la venta no se alcanza a cubrir la liquidación conforme a contrato, que la federación complete lo que falta. Ya lo han hecho con migrantes, ¿por qué no con nosotros?”, cuestionó.
Además, reiteró su exigencia de que se confisquen los bienes de Alonso Ancira Elizondo y que, una vez concretada la venta de la empresa, los recursos obtenidos se repartan equitativamente entre trabajadores sindicalizados y de confianza, quienes han sido excluidos de los procesos de negociación hasta ahora.
