Saltillo, Coahuila; mayo de 2025. El diputado Raúl Onofre Contreras presentó un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado, aprobado por mayoría, para exhortar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a impulsar la certificación de las medidas mínimas de bioseguridad (MMB) en las granjas avícolas del país.
El legislador explicó que el objetivo es prevenir la entrada y propagación de agentes patógenos, que representan una amenaza directa a la avicultura nacional, una de las principales actividades agropecuarias del país.
Sólo el 0.1% de las granjas avícolas tienen constancia de bioseguridad
Durante su intervención, Raúl Onofre reveló que, de acuerdo con datos del último Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2022, existen en México alrededor de 1.5 millones de Unidades de Producción Avícola (UPA). Sin embargo, sólo 2,194 cuentan con constancia oficial de bioseguridad.
Además, informes recientes en materia de vigilancia epidemiológica indican que, entre enero y junio de 2024, se emitieron 74 oficios no satisfactorios a UPA que no cumplieron con los 17 criterios básicos de bioseguridad establecidos por la autoridad.
“Prevenir y evitar la entrada de agentes patógenos que puedan afectar la avicultura nacional es una tarea permanente. Muestra de ello son los esfuerzos actuales para erradicar la influenza aviar, enfermedad que ha ocasionado enormes pérdidas y el sacrificio de aves en diversas regiones del país”, expuso Onofre Contreras.
México, líder mundial en consumo de huevo
El diputado subrayó la importancia de proteger al sector avícola mexicano, que posiciona al país como cuarto productor mundial de huevo y sexto en producción de pollo. Además, México es el mayor consumidor de huevo a nivel global, con un promedio de 24 kilogramos por persona al año.
La avicultura nacional también genera 1.3 millones de empleos directos e indirectos y aporta el 0.96% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Onofre concluyó su intervención señalando que urge reforzar la supervisión sanitaria y ampliar el proceso de certificación en bioseguridad para proteger la salud animal, la producción nacional y el empleo.
