Frontera, Coahuila; 6 de enero de 2025.- La denuncia penal contra el exalcalde de Frontera, Roberto Clemente Piña Anaya, continúa su curso legal, informó Eugenio Williamson Iribarren, esposo de la afectada. Williamson enfatizó que, sin el fuero que protegía al exfuncionario, ahora deberá responder ante la justicia por los presuntos daños cometidos contra la propiedad de su esposa.
Acusaciones por despojo de propiedad
Williamson recordó que hace dos años policías municipales y funcionarios de Obras Públicas ingresaron ilegalmente al terreno de su esposa, causando daños y apropiándose del predio, a pesar de que se les mostraron escrituras que acreditaban la propiedad.
“Todos los involucrados señalaron que actuaban bajo instrucciones del alcalde. Incluso un notario público dio fe del despojo y de la actitud de los funcionarios, quienes se burlaban y desestimaban las peticiones de detener la invasión”, señaló.
El denunciante destacó que este presunto abuso de autoridad se realizó mientras Piña Anaya ocupaba el cargo de alcalde, por lo que confía en que la justicia actúe para sancionarlo.
Proceso judicial en marcha
Aunque reconoció que el proceso judicial ha avanzado lentamente, Williamson se mostró confiado en que finalmente se haga justicia. Subrayó que, pese a que Piña Anaya ya no ocupa un cargo público, el delito sigue vigente, y la ley permite proceder en su contra.
“La acción de la justicia debe ser ejemplar. No vamos a retirar la denuncia; queremos que se aplique todo el rigor de la ley para que este tipo de abusos no queden impunes”, afirmó.
Preocupación por posible fuga
Williamson expresó su preocupación ante los rumores de que Piña Anaya podría mudarse a la Ciudad de México, donde presuntamente le ofrecieron un puesto en el IMSS nacional. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que agilicen el proceso judicial y obliguen al exalcalde a comparecer.
“Fue un tipo prepotente, con muchas denuncias en su contra. Espero que la justicia actúe rápido antes de que intente evadir su responsabilidad”, concluyó.
La denuncia busca sentar un precedente contra los abusos de autoridad y garantizar que nadie esté por encima de la ley.
