Frontera, Coahuila. El alcalde de Frontera, Roberto Piña Amaya, enfrenta críticas severas tras negarse a realizar el proceso de entrega-recepción con la alcaldesa electa, Sara Irma Pérez, argumentando que no recibió dicho proceso al tomar posesión de su cargo. Este acto ha sido calificado como ilegal y contrario a lo estipulado en la legislación de Coahuila.
Proceso ignorado y memoria selectiva
Fuentes cercanas al proceso de transición aseguran que Florencio Siller, exalcalde de Frontera, cumplió con la entrega-recepción en 2022. Según un exregidor que participó en aquel procedimiento, se constituyeron tres comisiones para realizar una transición ordenada:
• Una comisión entregó el segundo piso de la Presidencia, con 18 departamentos.
• Otra se encargó del primer piso, con 20 departamentos.
• Una tercera comisión se ocupó de los edificios externos, mobiliario y equipo.
“Se le entregaron expedientes de proyectos en gestión, el Plan de Desarrollo Municipal, expedientes laborales, denuncias, cuentas bancarias y más documentación esencial para la administración pública”, aseguró la fuente.
Obligación legal
El incumplimiento de la entrega-recepción no solo es una decisión cuestionable, sino también una violación a las leyes de Coahuila, que estipulan que este proceso es obligatorio y formal.
• Ley de Entrega-Recepción del Estado de Coahuila: El Artículo 64 establece que este proceso debe garantizar la continuidad de los servicios y funciones de la administración pública.
• Artículo 12 de la misma Ley: Declara que ningún funcionario puede abandonar su cargo sin realizar el acto de entrega-recepción. En caso de incumplimiento, se imponen sanciones legales y administrativas conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Consecuencias legales
El acto de ignorar el proceso de entrega-recepción puede derivar en sanciones legales contra Roberto Piña. Además, pone en riesgo la transparencia, confiabilidad y continuidad de los proyectos y servicios en Frontera.
El marco jurídico también contempla responsabilidades personales del alcalde, destacando su obligación como servidor público de garantizar un cambio de gobierno ordenado.
Críticas a la gestión de Piña
El incumplimiento de esta normativa refuerza las críticas que apuntan a la supuesta falta de compromiso de Roberto Piña con la transparencia y la legalidad. “El alcalde está obligado a realizar esta entrega, independientemente de lo que sucedió en el pasado”, concluyó una fuente cercana al proceso.
Este caso genera incertidumbre sobre el estado en que Sara Irma Pérez recibirá la administración y los posibles retrasos en la implementación de programas y servicios en beneficio de la ciudadanía fronterense.
