Ayer por la mañana se llevó a cabo una audiencia en la que se determinó que Ricardo Gutiérrez, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), es culpable del delito de administración fraudulenta. El daño económico ocasionado a la CMIC asciende a 2 millones de pesos, aunque con la adición de intereses y los gastos legales derivados del juicio, el monto total a pagar supera los 4 millones de pesos.
Un juicio prolongado por más de cinco años
El proceso judicial comenzó hace cinco años cuando Ricardo Gutiérrez fue formalmente acusado ante las autoridades. Durante este tiempo, su defensa empleó diversos recursos legales y estrategias para extender el caso. Sin embargo, tras reanudar las audiencias el pasado 7 de diciembre, se avanzó hacia la resolución definitiva.
Pruebas y testimonios clave
En la audiencia se presentaron testimonios cruciales, como los del contador de la CMIC, Guillermo de Ita, y el gerente de la organización, Bonifacio N., quienes detallaron cómo Ricardo Gutiérrez desvió recursos de la cámara empresarial.
De acuerdo con las investigaciones, Gutiérrez realizó 249 movimientos de transferencias no autorizadas, destinando la mayoría de esos fondos a sus cuentas personales. Además, no pudo justificar los gastos asociados a dichas operaciones. Tras analizar las pruebas y los testimonios durante una sesión de más de cuatro horas, el tribunal concluyó que Gutiérrez era culpable del fraude.
Sanciones económicas
Los abogados de la CMIC solicitaron la aplicación de intereses moratorios y el pago de las costas legales derivadas del juicio, lo que aumentó significativamente el monto a pagar por el ex presidente. De los 2 millones de pesos inicialmente estimados como daño, ahora la cifra final supera los 4 millones de pesos.
Un mensaje contra la corrupción
Este fallo representa una acción contundente contra la corrupción en instituciones empresariales. Con esta sentencia, se busca no solo resarcir el daño económico a la CMIC, sino también establecer un precedente que disuada futuras irregularidades administrativas.
La resolución final marca un punto de cierre para un caso que puso en entredicho la confianza en la gestión de una de las organizaciones más representativas del sector de la construcción.
