Frontera, Coahuila. La situación del alumbrado público en el municipio de Frontera ha llegado a un punto crítico, dejando a los ciudadanos enfrentarse a la penumbra y a un gasto adicional que consideran injusto. Desde septiembre pasado, los departamentos de Adquisiciones y Tesorería Municipal, bajo las instrucciones del alcalde Roberto Piña Amaya, dejaron de adquirir material para el mantenimiento del sistema de alumbrado público, una acción que ha desatado la inconformidad de los habitantes.
Un servicio esencial, pero inaccesible
A partir de esta decisión, los reportes de luminarias dañadas han quedado a cargo de los ciudadanos, quienes deben cubrir el costo del material necesario si desean contar con iluminación en las calles. Esta medida afecta directamente a los habitantes, quienes ya pagan el Derecho a Alumbrado Público (DAP) a través de su recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El costo del DAP, que varía según el consumo de cada propiedad, se suma ahora al gasto extra que los ciudadanos deben asumir para comprar las luminarias necesarias. Esto ha generado una doble carga económica, que en algunos casos representa hasta un 800% más de lo ya pagado por este concepto, dependiendo del precio de los focos requeridos.
La respuesta de Servicios Primarios
Los empleados de Servicios Primarios, así como trabajadores sindicalizados del área de alumbrado público, han adoptado la postura de no atender reportes a menos que el ciudadano cubra el costo del material necesario. Además, sugieren directamente dónde adquirir los focos y qué tipo de luminarias deben comprar para reemplazar las dañadas.
“Allí en Díaz Electric, frente a la plaza de Frontera, encuentras este tipo de focos. Cómpralo y nosotros vamos y te lo ponemos,”
es la respuesta que reciben los ciudadanos al solicitar apoyo para reparar luminarias.
Esta situación ha indignado a los habitantes, quienes consideran que el gobierno municipal está incumpliendo con su obligación de garantizar servicios básicos como el alumbrado público, mientras que los ciudadanos pagan religiosamente el DAP a través de su recibo de la CFE.
Un problema de legalidad y justicia social
La decisión del alcalde Roberto Piña Amaya de delegar esta responsabilidad al ciudadano no solo ha generado descontento, sino que también se percibe como una acción ilegal y contraria a los principios de justicia social. El DAP está diseñado para cubrir los costos de mantenimiento y operación del alumbrado público, lo que hace cuestionable que los ciudadanos deban asumir gastos adicionales.
Evidencia del problema
Como prueba de la denuncia pública, los ciudadanos han presentado facturas de compra de los focos, así como recibos de pago de la CFE donde se detalla el cobro del DAP. Estas evidencias refuerzan los reclamos de que el ayuntamiento está transfiriendo una responsabilidad pública a los habitantes, violando su derecho a un servicio básico que ya está financiado con sus contribuciones.
