En la región centro de Coahuila, el tema de las placas vehiculares para automóviles regularizados continúa siendo motivo de preocupación y debate. Desde que la federación impuso una multa de 30 millones de pesos al estado por emitir placas a vehículos que no cumplían con los requisitos establecidos —específicamente aquellos ingresados al país después de 2021—, las autoridades han implementado medidas más estrictas para evitar nuevas sanciones. Sin embargo, estas medidas han generado un retraso significativo en la entrega de placas a los propietarios de vehículos que han iniciado su proceso de regularización a través del Registro Público Vehicular (Repuve).
Un problema que afecta a miles de ciudadanos
Pablo González, recaudador de rentas en la región centro de Coahuila, explicó que un número considerable de vehículos continúa en proceso de regularización. Esta situación, según el funcionario, está generando inconvenientes tanto para los propietarios como para las autoridades de tránsito. Al no contar con placas oficiales, los vehículos quedan expuestos a detenciones, multas e incluso al decomiso por parte de la Guardia Nacional, lo que representa un problema grave para los ciudadanos afectados.
Los propietarios, por su parte, enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán obtener las placas que les permitan circular con tranquilidad. Esta falta de certeza está generando un clima de frustración y descontento entre la población.
El llamado a cumplir con el derecho vehicular
Ante esta situación, las autoridades han hecho un llamado urgente a los ciudadanos para que completen el proceso de regularización y obtengan sus placas lo antes posible. Pablo González destacó la importancia de cumplir con las obligaciones vehiculares, recordando que el próximo año se llevará a cabo la renovación de las láminas en el estado.
Con más de 24 mil vehículos regularizados en Coahuila, cerca de 1,800 propietarios aún no han recogido sus placas. González subrayó que es crucial que estos ciudadanos acudan a las oficinas correspondientes para evitar recargos y problemas legales en el futuro.
Los retos de la regularización vehicular
La implementación del programa de regularización de vehículos ha sido un desafío para las autoridades estatales y federales. Aunque el objetivo principal del programa es brindar seguridad jurídica a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, la falta de coordinación y los problemas administrativos han complicado su ejecución.
Uno de los principales retos ha sido garantizar que todos los vehículos que ingresen al programa cumplan con los requisitos establecidos por la federación. Esto incluye verificar que el vehículo haya sido ingresado al país antes de 2021, una norma que ha generado confusión entre los propietarios y ha derivado en sanciones para el estado.
Por otro lado, el retraso en la entrega de placas ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los procesos administrativos en las oficinas recaudadoras. Los ciudadanos han señalado que la burocracia y la falta de personal capacitado son factores que están contribuyendo a los retrasos.
La importancia de la regularización
La regularización vehicular no solo beneficia a los propietarios al brindarles seguridad jurídica, sino que también contribuye al ordenamiento del parque vehicular en el estado. Al contar con un registro actualizado y confiable, las autoridades pueden implementar políticas más efectivas para mejorar la movilidad y reducir los índices de delincuencia relacionados con el uso de vehículos no identificados.
Además, la recaudación de impuestos vehiculares representa una fuente importante de ingresos para el estado, recursos que pueden ser utilizados para mejorar la infraestructura vial y otros servicios públicos.
Alternativas para agilizar el proceso
Para enfrentar esta problemática, las autoridades estatales han propuesto diversas estrategias que buscan agilizar el proceso de regularización y entrega de placas. Entre las medidas contempladas se encuentra la ampliación de los horarios de atención en las oficinas recaudadoras, así como la contratación de personal adicional para atender la alta demanda de servicios.
Otra alternativa es la implementación de plataformas digitales que permitan a los ciudadanos realizar trámites en línea, reduciendo así los tiempos de espera y la saturación en las oficinas. Sin embargo, estas propuestas aún están en fase de análisis y desarrollo.
